AJD participou do VIII Fórum sobre Questões de Minorias

Entre os dias 24 e 25 de novembro de 2015 foi realizado o VIII Fórum sobre Questões de Minorias, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, Suiça.

O objetivo do fórum foi promover um panorama geral dos princípios e normas internacionais e regionais vigentes para a garantia dos direitos das minorias em todas as etapas dos processos em trâmite nos diversos sistemas de justiça penal.

Um dia antes do evento (23 de novembro), foi realizada uma reunião prévia com cerca de vinte especialistas para debaterem sobre as recomendações do forum a serem divulgadas posteriormente.

A AJD foi a única entidade de juízes de todo o mundo que participou, como convidada da ONU, do fórum e da reunião prévia. O presidente da AJD André Augusto Bezerra foi um dos cinco expositores do segundo dia de reunião (25 de novembro), tendo sete minutos para falar no âmbito da temática Problemas dos sistemas de justiça penal para atender as necessidades e demandas das minorias.

Abaixo, a fala do presidente da AJD:

“Señoras, señores. Voy a hablar de mi experiencia de juez en Brasil y representante de una asociación de jueces que luchan por la democratización del poder judicial y por los derechos humanos, la asociación jueces para la democracia.

Hablar de Brasil es hablar de dos países: el Brasil de las normas jurídicas y el Brasil de la realidad de las minorías.

El Brasil de las normas es lo que superó la dictadura por la Constitución y por los tratados de derechos humanos.

El Brasil de la realidad de las minorías es lo que mantiene las relaciones de dominio racial.

Es el Brasil de los 138 (ciento treinta y ocho) indígenas asesinados en conflictos en 2014. Es el Brasil cuyo número de negros muertos es 2.5 (dos veces y media) mayor que de blancos.

Es el Brasil donde la dominación racial se refleja en el sistema de justicia: 61% (sesenta y uno por ciento) de los muertos por la policía son negros; también son negros 62% (sesenta y dos por ciento) de los presos; presos en cárceles que son establecimientos medievales, como ya reconoció el nuestro Ministro de la Justicia.

Las prisiones son tan medievales que la tortura es práctica común; que las mujeres no reciben cuidados de higiene femenina o asistencia en el trabajo de parto. Las mujeres sufren violaciones también cuando no están presas: en visitas a los detenidos, son obligadas a someterse a la violencia sexual por revistas vejatorias. Tenemos, entonces, la dominacion racial y de género.

Por otro lado, hay la falta de participación de las minorías en el sistema de justicia: 79% (setenta y nueve por ciento) de los policias responsables por las muertes en enfrentamientos son blancos; en el poder judicial, 84% (ochenta y cuatro por ciento) de los jueces son blancos.

Por lo tanto, indígenas y negros son arrestados y juzgados por los blancos.

Además de la participación insuficiente, hay la ausencia de asistencia en procesos judiciales. En el estado de Goiás, por ejemplo, hay 17 (diecisiete) defensores públicos para la asistencia jurídica gratuita a una población de más de 6 (seis) millones de habitantes.

Por lo tanto, es necesario recomendar la mayor representación de minoryas en el sistema de justicia por la política de cuotas raciales. Del mismo modo, es necesario recomendar mayor acceso de las minorías a la justicia, ampliando la asistencia gratuita.

El foro también debe recomendar la democratización y la independencia del poder judicial, permitiendo el control social y la supresión de la rígida jerarquía de la carrera de la Magistratura. Actualmente, en Brasil, los presidentes de los tribunales tienen amplios poderes para designar a los jueces. Hay muchos casos de jueces transferidos de puestos de trabajo por presidentes de tribunales porque deciden en la dirección opuesta a la encarcelación de las minorías.

Es necesario recomendar la difusión de los derechos humanos en las escuelas de derecho, que actualmente priorizan el aprendizaje de derechos empresariales. Esta difusión debe también llegar a los profesionales del sistema de justicia, porque la aplicación de las normas requiere la consideración del carácter multicultural de la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, acojo con satisfacción el reciente acuerdo del Consejo Nacional de Justicia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para promover los derechos en el poder judicial.

Todo estas recomendaciones que yo sugerí tienen como objetivo garantizar la independencia, la imparcialidad y la mejor representación en el sistema de justicia: humanizar el sistema.

Sin embargo, yo recuerdo que ya hay prácticas positivas y mecanismos para prevenir los abusos contra las minorías. Por lo tanto, deben ser ampliados.

Destaco la implementación de la audiencia de custodia que permite la pronta presentación de los detenidos in fraganti al juez, la liberación más rápida y la verificación de práctica de tortura. Es necesario ampliar este acto para todos los casos de prisión.

Yo cito también el programa de Justicia Comunitaria del Tribunal de Justicia del Distrito Federal en la comunidad de Ceilândia, cuyo objetivo es la reducción de la violencia. El programa permite la resolución de conflictos dentro de las comunidades. Es un caso de justicia participativa, basado en la educación para los derechos humanos, en la mediación comunitária que facilita la comunicación entre las personas en conflicto y em la transformación del conflicto en una oportunidad para movilizar la comunidad.

Destaco también la creación de Polo Indígena de Mediación y Conciliación de la comunidad de Maturuca. El Estado concedió la posibilidad de líderes resolver sus conflictos internamente, com sus conocimientos y sus normas. Es necesario recomendar la creación de nuevos polos que legitimem los conocimientos tradicionales, incluyendo las zonas indígenas donde el Estado no cumple con su deber de demarcar tierras.

Em la política penitenciaria, destaco el proyecto de rehabilitación de las internas en el municipio de Pedro Afonso: es una iniciativa que revela herramientas que pueden ser utilizadas por los jueces con el objetivo de reinserción social, aún cuando la estructura de la prisión es desfavorable. En la ciudad, hay una prisión en que encuentran las mujeres en régimen cerrado, sin espacio para el trabajo interno. El juez permitió el trabajo externo de las presas y también recomendó el estudio. Permite ahora la reducción de la aplicación de la pena por el trabajo y por la lectura.

Yo termino mi exposición con la mención de estas prácticas positivas. Pero, yo destaco: estas prácticas no pueden ocultar o legitimar las violaciones. Tales prácticas deben ampliarse para que la realidad de la vida de las minorías se acerque a la realidad de las normas jurídicas.”

André Augusto Salvador Bezerra

Presidente de la Asociación Jueces para la Democracia